José Manuel Rodríguez y Victoriano Antonio Santos Ortega
Las universidades públicas, parafraseando a Newton, pueden producir conocimiento porque sus docentes han sido capaces de subirse a hombros de gigantes, que abrieron en el pasado, o abren en el presente, sus campos de conocimiento e investigación. Las abundantes citas bibliográficas que los académicos utilizan en sus libros y artículos son el registro de su recorrido y muestran la huella de los hombros donde se encaramaron. En este sentido, la universidad siempre será una casa de citas. Cuando, animada por su mercantilización neoliberal, ha comenzado a caminar en la dirección contraria, en la de, por ejemplo, Fernando Suárez –ex-rector de la Universidad Rector de la Rey Juan Carlos–, se convierte en una cueva de plagiarios. Universitarios corruptos que, viviendo en Lilliput, pero agraciados por los beneficios del mercado, se transforman en ciudadanos de Brobdingnag. Y universidades corruptas que lo permiten, o bien mirando hacia otro lado o, directamente, promocionando dichas prácticas. La creciente mercantilización de la universidad pública española ha propiciado ambos tipos de corrupción de la cual hoy somos testigos.
Un poco de historia para situarnos. La modernización de la universidad franquista durante últimas décadas del siglo pasado no supuso una ruptura con sus principios jerárquicos y sus formas de gestión autoritarias. Fue, como ocurrió en el resto de las instituciones españolas, una reforma que los actualizó y los legitimó en un contexto político formalmente democrático. Aunque se amplió el acceso a la formación superior y se incorporaron nuevos alumnos y, sobre todo, alumnas procedentes de sectores sociales históricamente excluidos, la universidad pública de la transición/transacción se diseñó como una ‘empresa económica’ y no como una empresa social. Los gestores universitarios de entonces ya comenzaron a organizar sus planes de estudio, su administración interna y las líneas de investigación escuchando voces que les transmitían las ‘demandas del mercado’. El resultado de aquel proceso configuró una universidad pública, poco pública, e insuficientemente autónoma y democrática. Dicho de otro modo, el mestizaje entre los ‘muertos vivientes’ del academicismo franquista y los ‘vivientes muertos’ de la incipiente mercantilización neoliberal impidieron la plena consolidación de una universidad realmente pública autónoma y democrática. La universidad como un ´bien común’ ciudadano, con unos usos sociales en la docencia e investigación dirigidos a impulsar la igualdad de oportunidades y la democratización de los usos sociales del conocimiento, quedaron relegados a un segundo plano. Una universidad que no fue.
Ya en los inicios del siglo XXI, las políticas educativas del PP, así como la reforma del espacio europeo de la educación superior y su concreción en el Plan Bolonia consolidaron dicho proceso en el contexto de la globalización neoliberal. Por primera vez, con el gobierno de Aznar, se puso en marcha una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que permitía, o no, los títulos universitarios y acreditaba, o no, a los docentes y su investigación en función de su productividad y competitividad. Una agencia de acreditación al estilo de las empresas americanas de calificación de riesgos que no fueron capaces de ver los riesgos de Lehman Brothers. La opacidad de este modelo, sumada al papanatismo y la ceguera con que buena parte de la comunidad universitaria de esos años aceptó estas reformas, ha acabado convirtiéndose en el orden vigente, inamovible e impenetrable. Algunos de sus productos más tóxicos son los sexenios de investigación, el programa Docentia o el sistema de acreditación del profesorado, entendido como una espiral de méritos inacabables y a veces inalcanzables. Este engranaje mantiene al profesorado encerrado en sus despachos, produciendo los méritos que se les demandan, cada vez más lejos de la realidad de las aulas.
La burbuja y la retórica de la excelencia, con todo un nuevo campo semántico: ‘satisfacción’, ’innovación’ ‘calidad’, emprendedor’, ‘motivación’, ‘objetivos estratégicos’, ‘buenas prácticas’... ha servido para impulsar e impregnar las prácticas investigadoras y docentes del nuevo espíritu del neoliberalismo universitario. Un espíritu que concibe a estudiantes y profesores como empresarios de sí mismos. Las nuevas regulaciones normativas han impuesto al personal docente e investigador una evaluación permanente con objetivos cada vez más difíciles de alcanzar. Por añadidura, la responsabilidad de no alcanzarlos recae, única y exclusivamente, sobre ellos. La culpa recae sobre la víctima. En última instancia, la praxis de la excelencia ha bloqueado de hecho la posibilidad de un trabajo docente digno al subordinarlo a la productividad investigadora. Aquellos que no han producido el tipo de investigación exigido por los criterios productivistas y bibliométricos han sido penalizados con más docencia. El incremento de la precariedad laboral y la creciente e imparable presencia del estrés y la presión mental sobre los docentes son hoy la auténtica cara de la excelencia.
Por las puertas laterales de este edificio o por las principales, como la del Instituto de Investigación de Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos se han ido colando, colocando y titulando en estos últimos años todos aquellos personajes que, como Cifuentes, Casado o Montón, han tenido pocos reparos en intercambiar prestigio político o económico por credenciales académicas. Su responsabilidad, como ya hemos señalado, no es única. No es un gesto corrupto aislado. En una universidad crecientemente burocratizada, individualizada, tan marcada por la competitividad, la carrera y las promociones, el sentido de lo público en la docencia y en la investigación ha acabado debilitándose. Lo importante es conseguir el título, la acreditación, el índice de impacto, el certificado adecuado que puede permitir obtener los puntos para posicionarte bien en los baremos. En esta guerra sin cuartel por posicionarse y acaparar méritos, comienza a valer todo. Este es el mensaje que la elite promocionista del profesorado universitario ha dirigido a todo el resto de profesores. Una elite que muchas veces ha ocupado los espacios de gestión y el gobierno de las universidades. En estos espacios, se ha especializado en diseñar los sistemas de control para gobernar el acceso del profesorado, pero, evidentemente, no se ha ocupado de poner en marcha sistemas de control a su propia actuación en los institutos universitarios, departamentos, cátedras de empresa, fundaciones y otras instituciones que campan a sus anchas. Nos ofrecen una fachada de excelencia tras la que reina una corrupción institucionalizada. Como ocurrió en Lehman Brothers. El evaluador no es evaluado.
El resultado ha acabado siendo esta universidad tóxica, zombie, mercantilizada y otros elocuentes adjetivos propuestos por profesores ingleses y americanos que han investigado sobre los efectos de este modelo neoliberal en sus propias universidades, golpeadas durante las últimas décadas por todo un catálogo de horrores que da forma a una universidad sin sentido, desorientada, enfermiza. Nuestra universidad responde también a este retrato. Sí queremos evitar su desaparición es urgente trabajar por construir otra universidad que como ‘bien común’ sea realmente pública, autónoma y democrática.
José Manuel Rodríguez Victoriano y Antonio Santos Ortega son profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y representantes de CGT en la Junta de PDI de la Universidad de Valencia
« Nous, Désert’heureuses, refusons de continuer à robotiser, mécaniser, optimiser, informatiser, accélérer, déshumaniser le monde... ».
Nous publions ci-dessous le manifeste de ce tout nouveau collectif de jeunes diplômé.es des plus grandes écoles d'ingénieur.es françaises. Il s’agit non seulement de réfléchir à de nouveaux modes de production pour sortir du capitalisme technocratique et productiviste mais aussi d’agir et de faire exploser les remparts que le système de domination des grandes écoles reproduit depuis plus de deux siècles. Une approche militante radicale dont l’IDST ne peut que se réjouir et qui, espérons-le, sera largement suivie.
Facultad de ciencias sociales de la universidad de Valencia (España)
La investigación científica nos permite comprender la relación entre las personas y su medio natural, las dinámicas estructurales de igualdad o desigualdad de las sociedades en las que viven y los procesos históricos que les han originado. Nos proporciona saberes teóricos e instrumentos tecnológicos para intervenir sobre los problemas que asolan nuestro medio ambiente y nuestra realidad social. En las universidades públicas la investigación científica complementa a la actividad docente y ambas deben contribuir a la libertad y el bienestar colectivo de las sociedades que las sostienen. Desde dicho compromiso y ante la gravedad de la crisis civilizatoria que la pandemia del coronavirus está acelerando los promotores de este manifiesto miembros de la Universidad de Valencia, nos sentimos en la obligación de trasladar a la sociedad las siguientes consideraciones:
La evidencia científica es una condición necesaria pero no suficiente para transformar, en un sentido progresista, la realidad social. La excelencia de la investigación científica en las universidades públicas es inseparable de su conciencia ciudadana y de la capacidad de promover la participación ciuadana en la decisión sobre los fines y los usos sociales de la ciencia. En este sentido es necesario recorder, como ha señalado entre otros Richard Horton, editor de la prestigiosa revista científica The Lancet, que en los últimos años, las principales conclusiones de las investigaciones en el ámbito de la salud pública y la epidemiología advirtieron reiteradamente del riesgo de la pandemia actual; constataron que nuestras sociedades no estaban preparadas para afrontar dicho riego y, en consecuencia, instaron a los gobiernos a tomar medidas urgentes para paliar sus futuras consecuencias. Sin embargo, tal y como está ocurriendo desde hace décadas con las recomendaciones de las investigaciones sobre la crisis ecológica y el cambio climático, tales advertencias no sólo se ignoraron sino que incluso en determinados países como el nuestro dieron lugar a políticas sociales que, mediante los recortes del gasto público y las privatizaciones, han deteriorado todavía más los servicios y las infraestructuras públicas. La ciencia sin conciencia ciudadana es sólo otro tipo de negocio mercantil.
En la última década, dichos recortes también han deteriorado gravemente las universidades públicas españolas. Han precarizado las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores más vulnerables; han descuidado su formación y han asumido, con muy pocas críticas, el modelo neoliberal de la rentabilidad mercantil en la investigación en la gestión administrativa. El COVID-19 ha llegado a una universidad publica cada vez menos pública, cada vez más sometida a criterios de mera rentabilidad, y cada vez menos democrática. Nuestro confinamiento de hoy acentúa y hace más visibles las carencias de este modelo de universidad mercantil que ya había confinado en sus despachos a amplios sectores del PDI, que los había enclaustrado, desorientado y alejado de cualquier sentido de comunidad universitaria y de compromiso colectivo. Frente al ‘sentido común neoliberal’ que nos ha invadido es necesario repetir lo obvio: las universidades públicas no son empresas económicas. Es necesario abandonar este modelo. Es necesario regresar a una universidad pública comprometida con la transformación progresista de la sociedad que la financia.
Desde las consideraciones anteriores y ante la gravedad de la crisis civilizatoria que está precipitando la pandemia del Coronavirus es imprescindible poner nuestros recursos docentes e investigadores al servicio de las demandas de la ciudadanía. Nuestra investigación científica conocimientos y nuestros saberes aplicados han de estar a disposición de las necesidades concretas que está situación extraordinaria está provocando en la sociedad valenciana. Para ello, es imprescindible que las universidades públicas habiliten recursos telemáticos y procedimientos de información y comunicación propios con la sociedad valenciana que les permitan, en primer lugar, escuchar y recoger dichas demandas, sanitarias, sociales, psicológicas y humanas y, en función de sus propios recursos, darles respuesta.
Por último, entre la atmósfera de incertidumbres, temores y esperanzas que nos envuelve estos días se abre paso una certeza: cuando termine nuestro confinamiento no vamos a regresar al mismo mundo. De nosotras y nosotros depende, desde hoy mismo, que la conmoción que atravesamos abra el camino hacia una universidad pública que mejore en capacidad docente e investigadora y, también, en conciencia ciudadana y en compromiso con la transformación social.
Valencia, Abril 2020
Promueven este manifiesto: firman este manifiesto enviando un mail a jose.m.rodriguez@uv.es
La création d’un salaire étudiant a déjà été évoquée à plusieurs reprises sur notre blog et fait désormais régulièrement partie des revendications portées par nombre de mouvements étudiants, en France et dans le monde. Ce que l’on sait moins, et que révèle l’article ci-dessous d’Aurélien Casta, publié en janvier 2020 dans Le Monde diplomatique, c’est que ce projet d’un salaire pour les « jeunes travailleurs intellectuels » date de la Résistance et qu’il faillit même être adopté par l’Assemblée nationale à l’orée des années 50. Des ministres socialistes – éternité de la gauche molle ! –, s’y opposèrent alors. On lira aussi l’ouvrage du même auteur : Un salaire étudiant. Financement et démocratisation des études, La Dispute, Paris, 2017.
