Ciencia para la gente o para el lucro ?

 

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Ciencia para la gente o para el lucro ?

La propuesta de una nueva ley de ciencia y tecnología presentada por la senadora Ana Lilia Rivera ha causado revuelo mediático, la cual, sin embargo, está lejos de tocar el verdadero fondo de la controversia: durante casi dos décadas el sistema público de ciencia y tecnología en México ha sido modelado para convertirse en una fuente de jugosos subsidios para enormes empresas trasnacionales y nacionales, que sólo ha abonado a sus ganancias privadas sin dejar nada al país.

Los que más airadamente opinan en este debate mediático son quienes han construido y defienden ese statu quo, un sistema de ciencia y tecnología drenado por el huachicoleo científico legalizado, con líneas de trabajo que favorecen a las élites y que no responden a las necesidades de la mayoría de la población.

No sólo se han entregado enormes cantidades de dinero a grandes empresas sin casi ninguna contraprestación. El sistema también cobijó el desarrollo de actividades nocivas y contaminantes de esas compañías en varios rubros industriales.

Un ejemplo de ese sistema perverso lo vemos con los subsidios del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Conacyt y las acciones complementarias de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem)

Como reporté anteriormente, de 2009 a 2017 el PEI entregó a las mayores trasnacionales globales de transgénicos, Monsanto, PHI México (propiedad de DuPont), Dow y Bayer, cerca de 50 millones de pesos para sus investigaciones sobre maíz y agrotóxicos. Al mismo tiempo, la Cibiogem, con Sol Ortiz como secretaria ejecutiva, autorizó a las mismas empresas decenas de experimentos de campo con maíz transgénico en varios estados del país, así como cientos de miles de hectáreas de plantación de algodón y soya transgénica, con graves impactos ambientales y sociales. Todo ello contra las opiniones mayoritarias vertidas en consultas públicas y pese a que en muchos casos hubo dictámenes negativos de otras instituciones oficiales (Conabio, Conanp, Inecc). Paralelamente, el PEI entregó más de un millón de pesos a Dow para evaluar sus primeros eventos biotecnológicos, costo que las empresas deben asumir como parte de los requerimientos legales de bioseguridad. En todo el mundo es problema que sean las propias empresas interesadas las que evalúan los cultivos transgénicos que solicitan liberar. A este cuestionamiento responden argumentando que así la evaluación no se paga con fondos públicos. Salvo en México, donde se les entrega dinero público para eso mismo mediante otro brazo del sector de ciencia y tecnología.

La modificación de las leyes y normativas en ciencia y tecnología en los tres sexenios pasados ha estado mayoritariamente centrada en favorecer a las empresas, por lo que, aunque muchas de esas acciones sean legales, de ninguna manera son legítimas. Estos cambios se han acompañado además de la proliferación de nuevas instituciones y oficinas sobre ciencia y tecnología adjuntas a la Presidencia y estados, que duplicaron innecesariamente las tareas asignadas al Conacyt pero han sido canales para lograr aún más influencia de proyectos e intereses particulares. Por ello, la iniciativa de ley plantea terminar con algunas de estas instancias.

Otro aspecto clave ha sido el simulacro de consulta sobre estas modificaciones y políticas. La participación plural y efectiva de toda la comunidad científica se sustituyó por la integración al sistema de la asociación civil Foro Consultivo de Científico y Tecnológico (FCCyT). Aunque esta organización nominalmente agrupa a la dirección de importantes instituciones de investigación y educación nacionales –no así a toda la comunidad de esas instituciones–, también integran su directiva cuatro grandes asociaciones industriales: la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en las cuales son miembros las empresas beneficiadas por el sistema de apoyos y subsidios en ciencia y tecnología. Como resultado, el FCCyT ha sido el principal órgano de cabildeo de los interesesempresariales y de investigación elitista en las políticas públicas. La iniciativa de ley plantea abrir las consultas a más sectores científicos y sociales que antes no podían expresarse.

En efecto, el mecanismo actual no sólo sustituyó la participación real de gran parte de la comunidad científica, sino también obvió que el resto de la población del país tiene derecho a participar en la definición de políticas públicas sobre ciencia y tecnología y su orientación, especialmente las comunidades que serán potencialmente afectadas. Por todo ello es fundamental que sean éstos quienes ahora conozcan y participen en la discusión de una nueva ley de ciencia y tecnología que ciertamente tiene aspectos a debatir. No son los que crearon y se han beneficiado del sistema perverso los que propondrán su cambio.

 

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Primeras publicaciones en:

https://www.jornada.com.mx/2019/03/30/opinion/018a1eco
30 de marzo de 2019.

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Ciencia-para-la-gente-o-para-el-lucro
1 abril 2019.

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Manifeste des Désert’heureuses

 

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Manifeste des Désert’heureuses

« Nous, Désert’heureuses, refusons de continuer à robotiser, mécaniser, optimiser, informatiser, accélérer, déshumaniser le monde... ». Nous publions ci-dessous le manifeste de ce tout nouveau collectif de jeunes diplômé.es des plus grandes écoles d'ingénieur.es françaises. Il s’agit non seulement de réfléchir à de nouveaux modes de production pour sortir du capitalisme technocratique et productiviste mais aussi d’agir et de faire exploser les remparts que le système de domination des grandes écoles reproduit depuis plus de deux siècles. Une approche militante radicale dont l’IDST ne peut que se réjouir et qui, espérons-le, sera largement suivie.

La Rédaction du blog

Manifiesto “La universidad pública con las necesidades sociales: docencia y ciencia con conciencia ciudadana”

 

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Manifiesto “La universidad pública con las necesidades sociales: docencia y ciencia con conciencia ciudadana”

La investigación científica nos permite comprender la relación entre las personas y su medio natural, las dinámicas estructurales de igualdad o desigualdad de las sociedades en las que viven y los procesos históricos que les han originado. Nos proporciona saberes teóricos e instrumentos tecnológicos para intervenir sobre los problemas que asolan nuestro medio ambiente y nuestra realidad social. En las universidades públicas la investigación científica complementa a la actividad docente y ambas deben contribuir a la libertad y el bienestar colectivo de las sociedades que las sostienen. Desde dicho compromiso y ante la gravedad de la crisis civilizatoria que la pandemia del coronavirus está acelerando los promotores de este manifiesto miembros de la Universidad de Valencia, nos sentimos en la obligación de trasladar a la sociedad las siguientes consideraciones: 

  1. La evidencia científica es una condición necesaria pero no suficiente para transformar, en un sentido progresista, la realidad social. La excelencia de la investigación científica en las universidades públicas es inseparable de su conciencia ciudadana y de la capacidad de promover la participación ciuadana en la decisión sobre los fines y los usos sociales de la ciencia. En este sentido es necesario recorder, como ha señalado entre otros Richard Horton, editor de la prestigiosa revista científica The Lancet, que en los últimos años, las principales conclusiones de las investigaciones en el ámbito de la salud pública y la epidemiología advirtieron reiteradamente del riesgo de la pandemia actual; constataron que nuestras sociedades no estaban preparadas para afrontar dicho riego y, en consecuencia, instaron a los gobiernos a tomar medidas urgentes para paliar sus futuras consecuencias. Sin embargo, tal y como está ocurriendo desde hace décadas con las recomendaciones de las investigaciones sobre la crisis ecológica y el cambio climático, tales advertencias no sólo se ignoraron sino que incluso en determinados países como el nuestro dieron lugar a políticas sociales que, mediante los recortes del gasto público y las privatizaciones, han deteriorado todavía más los servicios y las infraestructuras públicas. La ciencia sin conciencia ciudadana es sólo otro tipo de negocio mercantil. 
  2. En la última década, dichos recortes también han deteriorado gravemente las universidades públicas españolas. Han precarizado las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores más vulnerables; han descuidado su formación y han asumido, con muy pocas críticas, el modelo neoliberal de la rentabilidad mercantil en la investigación en la gestión administrativa. El COVID-19 ha llegado a una universidad publica cada vez menos pública, cada vez más sometida a criterios de mera rentabilidad, y cada vez menos democrática. Nuestro confinamiento de hoy acentúa y hace más visibles las carencias de este modelo de universidad mercantil que ya había confinado en sus despachos a amplios sectores del PDI, que los había enclaustrado, desorientado y alejado de cualquier sentido de comunidad universitaria y de compromiso colectivo. Frente al ‘sentido común neoliberal’ que nos ha invadido es necesario repetir lo obvio: las universidades públicas no son empresas económicas. Es necesario abandonar este modelo. Es necesario regresar a una universidad pública comprometida con la transformación progresista de la sociedad que la financia. 
  3. Desde las consideraciones anteriores y ante la gravedad de la crisis civilizatoria que está precipitando la pandemia del Coronavirus es imprescindible poner nuestros recursos docentes e investigadores al servicio de las demandas de la ciudadanía. Nuestra investigación científica conocimientos y nuestros saberes aplicados han de estar a disposición de las necesidades concretas que está situación extraordinaria está provocando en la sociedad valenciana. Para ello, es imprescindible que las universidades públicas habiliten recursos telemáticos y procedimientos de información y comunicación propios con la sociedad valenciana que les permitan, en primer lugar, escuchar y recoger dichas demandas, sanitarias, sociales, psicológicas y humanas y, en función de sus propios recursos, darles respuesta. 

Por último, entre la atmósfera de incertidumbres, temores y esperanzas que nos envuelve estos días se abre paso una certeza: cuando termine nuestro confinamiento no vamos a regresar al mismo mundo. De nosotras y nosotros depende, desde hoy mismo, que la conmoción que atravesamos abra el camino hacia una universidad pública que mejore en capacidad docente e investigadora y, también, en conciencia ciudadana y en compromiso con la transformación social. 

Valencia, Abril 2020

Promueven este manifiesto: firman este manifiesto enviando un mail a
jose.m.rodriguez@uv.es

En 1951, l’Assemblée faillit adopter le salaire étudiant

 

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La création d’un salaire étudiant a déjà été évoquée à plusieurs reprises sur notre blog et fait désormais régulièrement partie des revendications portées par nombre de mouvements étudiants, en France et dans le monde. Ce que l’on sait moins, et que révèle l’article ci-dessous d’Aurélien Casta, publié en janvier 2020 dans Le Monde diplomatique, c’est que ce projet d’un salaire pour les « jeunes travailleurs intellectuels » date de la Résistance et qu’il faillit même être adopté par l’Assemblée nationale à l’orée des années 50. Des ministres socialistes – éternité de la gauche molle ! –, s’y opposèrent alors. On lira aussi l’ouvrage du même auteur : Un salaire étudiant. Financement et démocratisation des études, La Dispute, Paris, 2017.

La Rédaction du blog